Gestión de la AMPR y AFT en defensa del Magisterio

Gestión de la AMPR y AFT en defensa del Magisterio

La AMPR y la AFT intervienen en el Tribunal de Quiebra para detener imposiciones sin precedentes y recortes de jornada.

La moción se radica luego que la Junta de Control Fiscal, demandara al gobernador por negarse a implementar  el recorte de jornada laboral a los empleados públicos y la disminución de pensiones a los retirados. A continuación la información:

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, su Local Sindical y la American Federation of Teachers, unión internacional a la que están afiliadas, se han unido a la lucha legal del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, contra la Junta de Control Fiscal (JCF).    

El mes pasado, la JCF demandó al Gobernador ante el tribunal de quiebra federal, por no implantar la reducción de jornada laboral a los maestros y al resto de los empleados públicos, ni la reducción de pensiones a los retirados del Sistema de Retiro para Maestros, del Gobierno Central y de la Judicatura. La imposición de austeridad a los maestros y a otros empleados públicos, los obliga a quedarse en la casa, sin paga, negando a los niños y las comunidades, los servicios esenciales. Los recortes de pensiones crearían una situación de emergencia, en particular a los maestros, al reducirles el único ingreso que reciben, porque no tienen seguro social.

Ayer, la AMPR, su Local Sindical y la AFT, junto con otros sindicatos de empleados públicos, presentaron una moción solicitando intervenir en la demanda.

“Tanto el Magisterio, como el resto de los empleados públicos, apoyamos la decisión del Gobernador de no imponer la reducción de jornada laboral ni de pensiones a los trabajadores del sector público. Si lo que la JCF propone se concretara será nefasto porque traerá un empobrecimiento definitivo a muchos hogares puertorriqueños”, afirmó Aida Díaz, presidenta de la AMPR.

"Nadie en la Junta quiere hablar sobre el impacto devastador que esto tendrá en las escuelas y en las comunidades", agregó Díaz.

Díaz expresó que existen otras recomendaciones que se pueden considerar antes de tomar decisiones que puedan continuar afectando directamente al trabajador público. Entre estas, resaltó las sugeridas por la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

“Ellos plantean que el 93% de los economistas favorecen que se eliminen los subsidios e incentivos a empresas que no crean empleos y el 78% favorece que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo, entre otras recomendaciones que entiendo, son factibles en estos momentos”, puntualizó Díaz.

La AMPR tiene un interés primordial en esta demanda porque su membresía se compone de maestros activos y retirados, que no poseen seguro social. “Una reducción en sus pensiones y en el salario de los activos sería catastrófico”, resaltó la líder magisterial.

La presidenta de la AFT, Randi Weingarten dijo: "El gobernador tiene razón al rechazar las demandas cínicas e irresponsables de la Junta de Control Fiscal pues la crisis de la deuda de Puerto Rico no se puede resolver con el sufrimiento de las familias trabajadoras. La devastación del huracán Irma sólo hace que la situación sea más urgente. Es por eso que estamos interviniendo en este pleito, para impedir que una junta no electa, con sede en Nueva York, se imponga sobre un gobernador electo democráticamente. Podemos trabajar juntos para reconstruir la economía de Puerto Rico, pero sólo si se respeta la voluntad de la gente, no de Wall Street”.

El mes pasado, los miembros de AMPR reunidos en una asamblea en San Juan, votaron abrumadoramente a favor de la afiliación de la AFT, que consta de 1.7 millones de miembros.

Al hacer esta declaración, la AFT, que forma parte del Comité de Acreedores como agente autorizado del AMPR / Local Sindical en el proceso de quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y algunos de sus instrumentos, no representa ni habla en nombre del Comité de Acreedores.


Comentarios

No hay comentarios

Hacer Comentario

Tendencias

Publicaciones Recientes